El caso de México

Para argumentar y desarrollar el párrafo de referencia, es necesario presentar cómo se dio el proceso desde la colonia hasta el porfiriato con los datos que permitan explicar el cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico. A mediados del siglo XIX se produce un cambio de coyuntura económica mundial que afectó la relación con las zonas económicas metropolitanas, principalmente por la mayor disponibilidad de capitales y mayor capacidad por parte de las metrópolis para absorber exportaciones hispanoamericanas, caracterizando el nuevo pacto colonial (Halperin Donghi, 1984: p. 222) en el que Latinoamérica se transforma en productora de materias primas para los centros de la nueva economía mundial. Permitiendo que la emancipación que había empezado en Latinoamérica pueda revertirse en proporcionar un mercado nuevo de consumidores para su producción tradicional y de capitales necesarios para la modernización de su economía.

El descubrimiento del oro Californiano a mediados del siglo XIX provoca un cambio en el mapa económico del planeta, una aproximación firme entre el área del Pacífico y la economía Metropolitana, mediante la aplicación del espacio económico dada la economía desenfrenadamente consumidora que surge en torno a los centros auríferos. En el cual la comercialización y el transporte interoceánico quedan a cargo de sectores extranjeros, quienes también avanzaran sobre la minería y el ferrocarril quedando reservado para los localmente dominantes las actividades primarias. Estas transformaciones fueron facilitadas por la renovación de los transportes y el auge de las inmigraciones, así como una vida relativamente más intensa en los puertos de la nueva ruta, también por la inversiones y los préstamos a Gobiernos con la creencia de que la expansión constante de la economía resolvería el problema del endeudamiento.

Estos acontecimientos condujeron a Latinoamérica a una nueva etapa histórica, pasando a manifestar un tono de vida urbana más europeo y debido a la adopción de políticas librecambistas en sus nuevas funciones en la economía mundial. Con un aumento de bienes de lujo tanto por parte del estado verificado en construcciones de teatros y pavimentación de calles, la sustitución del aceite por el gas como medio de iluminación en Buenos Aires, en Valparaíso y en Lima, como en las clases altas tradicionales. Junto con la expansión de cultivos para el mercado mundial, el desequilibrio producido entre los sectores urbanos y campesinos debido al proceso de valorización de las tierra y a la expansión de los mercados locales proporcionado por el desarrollo de ciudades y pueblos financiado por el nuevo orden que produce de forma casi generalizada el asalto a las tierras indígenas. Donde las expropiaciones no llevaron a la incorporación de los ex comuneros a nuevas clases de asalariados rurales, particularmente en el caso mexicano predomina la evolución hacia la hacienda trabajada por peones.

Para entender las transformaciones en generada en las haciendas es necesario retomar algunas características la etapa colonial mexicana. John Tutino[1], quien  utiliza como modélico el caso de Chalco, considera que no hubo continuidad o intensificación de los procesos iniciados durante la colonia, sino que luego de la Independencia la vida rural estuvo bajo nuevas presiones lo que demandó nuevas adaptaciones en las estructuras agrarias. La Conquista había subordinado a los señores mexicanos y sus gobiernos al dominio de los españoles, pero no directamente la masa de campesinos, sino mediante una readaptación y acomodación del sistema de exacción de tributos heredado de los aztecas y otros gobernantes prehispánicos.  De esta forma los colonos españoles recibían la encomienda, un derecho, a recibir parte de los impuestos de los señores (producto y trabajo de los campesinos), sin producir un cambio muy importante en el orden social.

La Corona, luego del debilitamiento del poder de la élite colonial debido a la reducción de la población nativa a casi la mitad, cambió ese método pues daba demasiado poder independiente a los colonos españoles mediante el establecimiento del poder estatal. A partir de 1550,  sus administradores eliminaron los servicios laborales periódicos, trabajaron con el clero para concentrar en pueblos a los campesinos supervivientes. Al tener parcelas contiguas de tierras, las grandes extensiones pudieron ser otorgadas por el Estado  a  los españoles. Mientras la población campesina seguía decayendo, las elites españolas vieron facilitadas la creación de fincas comerciales a partir de 1620, pero con escases de mano de obra. El Estado intentó exigir y regular el trabajo eventual de los campesinos mediante el sistema de repartimiento, aunque estos se negaban a proporcionarlo.

Chalco es una región central de México en la que habían haciendas pertenecientes a la élite que proporcionaba maíz y otros productos a los mercados de la ciudad de México. Los cuáles competían directamente con las comunidades campesinas por los limitados recursos de tierras y agua. Entretanto que ambas estaban vinculadas por una estructura agraria típica de relaciones de trabajo simbiótico, estos como medio para complementar el magro producto de cultivo de las tierras comunales, aquellos por la necesidad de trabajadores campesinos eventuales para plantar y cosechar cultivos. En este proceso el estado en el período colonial no había logrado controlar el abastecimiento de mano de obra eventual, como la solución presentaba complejas variaciones regionales y locales, decidió retroceder y permitir que las haciendas y las comunidades campesinas negociaran a nivel local para organizar sus relaciones laborales. Conservando de esta forma un papel de mediador y sus tribunales arbitraban en las disputas entre las élites terratenientes y los campesinos, manteniendo el poder de las élites para lucrar y la capacidad de los campesinos de subsistir.  Estos eran representados por notables locales que abogaban la causa de su comunidad y eran los principales tratantes de la oferta de mano de obra.  Esta estructura rural del México colonial permitió la progresiva comercialización de la vida campesina, que retomó su crecimiento a partir de 1650, quienes con la inevitable precarización del nivel de vida por la escases de tierra, sobrevivían más por el salario y las compras en el mercado que por el cultivo directo de sus tierras.

Los liberales cuando accedieron al poder en 1855 temían que la existencia política de México como estado-nación estaba en riesgo si no se promulgasen medidas que reemplazasen los pilares inestables del viejo orden  por una estructura moderna que generase estabilidad políticas y crecimiento económico, presentando como objetivo dar a México la productividad y la estabilidad que gozaba los Estados Unidos. Benito Juárez fue el primer en implementar medidas para intentar solucionar el tema del viejo orden. En principio, el catolicismo dejó de ser la religión oficial del estado y sus cortes perdieron gran parte de la jurisdicción; y con la ley Lerdo se pusieron a venta las tierras de la iglesia y de los pueblos comunales. Con esta última medida esperaba atraer inmigrantes europeos de todas las regiones, creando una nueva clase media agrícola de pequeños propietarios orientados al capitalismo lo que aseguraría el rápido crecimiento económico, pues serían los motores de la modernización, la estabilidad y la democracia en México. En lo relacionado con el ejército, al igual que la iglesia perdió sus prerrogativas judiciales y por primera vez el jefe de Estado y la mayor parte de su gabinete eran civiles, asegurando con esta pérdida de poder del régimen conservador el fin de los golpes militares. En cuanto a los caciques regionales, ellos cedieron poder a hombres nuevos nombrados por los liberales.

La victoria de Benito Juárez sobre los franceses en 1867 y la implementación de estas medidas expuestas no produjeron los resultados esperados para la nación mexicana. Las expropiaciones con las que se financiaron la guerra no hizo surgir una clase de pequeños campesinos, sino una concentración de la fuerza económica y la cohesión política de la clase dominante, de ricos hacendados ya existentes. Dado que eran vendidas al mejor postor, además era de quienes recibía el movimiento liberal su fuerza sustancial. Estos se encontraba unidos a la clase media para oponerse a las demandas de redistribución de tierras sin restricción, del sector popular. Otro consecuencia negativa fue el surgimiento de un enrome ejército liberal ocioso y sin tierras, controlado solo vagamente por la administración central y un aparato burocrático debilitado. Con todo, Juárez no fue derrocado porque el sector popular lo consideraba uno de ellos y las dos fuerzas principales del movimiento liberal sabían que mientras él estuviera en el poder la otra facción no adquiriría supremacía. Entretanto para conservarlo tuvo que hacer muchas concesiones, tanto a los hacendado a quienes les concedió autoridad prácticamente ilimitada sobre sus dominios, como a la clase media con la ampliación del aparato burocrático. Por su parte, la iglesia católica no fue impedida e adquirir nuevas propiedades urbanas una vez que sus arcas se recuperan, además, el hecho de que el no ser más la religión oficial del Estado haber contribuido para tener una mejor posición en el campo y reducir los motivos de conflicto con la población rural. Los intereses de los campesinos fueron los más sacrificados por Juárez para contrarrestar los problemas económicos de las élites terratenientes del país, eso produjo un resultado catastrófico: el descontento alcanzó proporciones desconocidas tanto por la frustración de las expectativas, así como del deterioro de las condiciones de vida producidas en el campo por la desigual carga impositiva generada por la alcabala y la contribución personal durante la restauración de la República.

En el período de restauración de la República las comunidades campesinas contestaron de diferentes formas a la amenaza liberal de abolir la propiedad comunal, según la región en que estaban. Se produjeron revueltas que tendieron a ser de carácter más radical, de más largo alcance, de mayor duración y más violentas que durante el período colonial en las tres regiones en que se dividían las zonas rurales. En la región central hubo rebeliones locales, bajo la influencia socialista se desató la más radical que estalló en 1868 alrededor de las ciudades Chalco y Texcoco en contra de los terratenientes locales, con el objetivo de recuperar las tierras y los recursos que consideraban que estos habían apropiado indebidamente. En el sur se dieron levantamientos a mayor escala y con características mesiánicas por parte de algunos grupos que pretendían restaurar el orden prehispánico, mezclando ideas sociales y religiosas en una única visión de origen milenario y en contra el sistema colonial como un todo. El la frontera norte la resistencia al control federal era por parte de los grupos no conquistados, lo que hizo con que la vida fronteriza quedara casi paralizada durante algún tiempo dado que los indios hacían incursiones cada vez más frecuentes a través de  la frontera mexicana que era la más vulnerable. Para contrarrestar, los hacendados comenzaron a armar y organizar a sus peones en milicias privadas, uniéndose a los campesinos en contra de los apaches, mientras que el gobierno ofrecía generosas concesiones sobre tierras para quienes quisieran defenderlas con sus vidas. Se desarrolló además de la protesta social organizada el bandolerismo de forma extendida. Para el fin del siglo XIX solo persistieron las revueltas de los grupos indios en la frontera y las de las comunidades campesinas dispersas en el norte principalmente.

El segundo en implementar medidas modernizadoras fue Sebastián Lerdo de Tejada a partir del 1872, quien contaba con el apoyo de los intelectuales, los propietarios y del ejercito quienes consideraban que tenía las virtudes de Juárez pero no sus defectos. Era conservador en materia social, en lo político pudo fortalecer el papel del Estado y extender su poder hasta regiones que lo habían resistido, además en un principio tuvo más éxito que su predecesor en cuanto a pacificación del país, cuyas bases ya estaban lanzadas, logrando controlar y acabar con algunos caudillos regionales. El pronto desarrollo económico, consecuencia de la pacificación, le confirió un mayor prestigio. Aunque por carecer de prestigio militar, no sostener el consenso con la clase alta y a su política contradictoria con respecto a la construcción de los ferrocarriles que uniera México con los Estados Unidos, contribuyó a que Lerdo no se renovara en el poder.

Dando paso a la tercer administración, la de Porfirio Díaz. En un principio se ganó el apoyo popular entre las clases media y baja de la sociedad mexicana con el principio de la no reelección extendido al nivel municipal. El porfiriato tuvo un carácter militar más  acentuado que los anteriores, buscó recuperar y reforzar la coalición existente entre las clases media y alta. En ese proceso para agradar a la clase alta, destituyó de sus cargos a caciques locales leales a sus predecesores, a quienes permitió conservar sus propiedades y enriquecer siempre que no se rebelaran, aunque esto quedaba cubierto porque cualquier levantamiento o revuelta podía ahuyentar  fácilmente a los posible inversores. En su lugar  nombró a oponentes de parecida extracción social. Estableció relaciones diplomática con Alemania pero no con los países una vez agresores, sólo a fines de su primer mandato, cuando los franceses renunciaron a todas sus pretensiones sobre México y el gobierno mexicano abandonó la idea de obtener reparaciones de Francia (1880), restableció relaciones diplomática con Francia. Pasando esta a ser una de las principales fuentes de préstamos de México, así como de la moda, la cultura, la arquitectura y suministros para el ejercito. Los conflictos con los norteamericanos del 1877 y 1878  en la frontera, parece que inspiraron las tres medidas políticas más importantes de su primer mandato a partir de 1878: una era otorgar a los inversores norteamericanos o a cualquier otro inversor extranjero concesiones de todo tipo en términos extremadamente ventajoso; la otra, buscaba hacer todo lo posible para renovar y fortalecer sus lazos con Europa como medio para contrarrestar la influencia norteamericana; y por último, como una máxima prioridad, mantener la estabilidad política interna a cualquier costo mediante una política de concesiones y represiones.

La administración de Díaz contó con el interregno de su protegido, el general Manuel Gonzáles (1880-1884), quien continuó en la misma línea política. Una medida importante tomado fue el aumento del número de concesiones especiales a los extranjeros, por medio de una ley que visaba la estimulación del paso de tierras públicas a manos privadas. Mediante la cual confiaba a compañías privadas la tarea de inspeccionar las tierras públicas y recompensarlas con un tercio de las tierras que reclasificasen, produciendo un avance sobre los pequeños propietarios, quienes no podían presentar titulo de propiedad. Otra concesión mayor aun, fue la revocación del viejo código minero español que estipulaba que el propietario de un terreno no era dueño del mineral que hubiera en su propiedad.

Luego se instaura el régimen de Díaz, durante el cual la población de México aumenta constantemente entre 1887 y 1900, debido tanto al logro de la estabilidad interna o la Pax Profiriana, como por la ligera mejora en el nivel de vida con el surgimiento de un Estado mexicano fuerte y eficaz. En este período las inversiones de capital extranjero permitieron el crecimiento económico, aunque más propiamente de los sectores orientados hacia la exportación y principalmente de la minería, que pudo diversificar los metales dado el nuevo método de traslado. Como nuevo medio de transporte los ferrocarriles permitían no solo el traslado de mano de obra excedente, del ejercito si fuera necesario ayudar a dominar a los posibles rebeldes, de riquezas, de alimentos en tiempos de sequias y de hambrunas, sino también un mayor control de la frontera norte habitada a fines del sigo por campesinos desplazados, artesanos arruinados o aventureros en busca de fortuna. Una mejora económica con unas desigualdades enormes tanto entre los medios de producción como en la evolución de cada región. El norte desarrolló una economía diversificada y en el sudeste haciendas de monocultivo de henequén, con trabajadores en condición de peonaje parecida a la esclavitud tanto por la abundancia de mano de obra como por la persistencia en algunos lugares el sistema feudal, ambos experimentaron un auge económico y fueron absorbidos por el mercado mundial. La industria nunca recibió ayudas pues no era parte de su programa, a diferencia de la educación que tuvo algunos investimentos pero con alcance muy limitado. La economía estaba prácticamente en manos de extranjeros, la lucha más importante en este sector fue la franco-alemana, con victoria francesa. El Estado por su vez contaba con el constante incremento de la renta pública, procedentes de los impuestos limitados pagados por las empresas extranjeras, del aduanero y sobre los metales preciosos.  

Para la estabilidad interna, al ejemplo de las medidas tomadas para contrarrestar los alzamientos de los caciques, favorecimiento combinado con represión, Díaz aplicó medidas parecidas tanto a la clase media como al ejercito. Por un lado, a la clase media le permitió progreso social y económico, mientras que impedía la elección de miembros de la oposición para el Congreso o de la publicación de sus periódicos. Por otro, con el ejército aumentó su presupuesto, compró armamiento moderno en Europa, dio importantes puestos políticos, mientras que debilitó su influencia a través del reforzamiento de fuerzas paramilitares, los Rurales nacionales y estatales, quienes se encargaban de la represión interna. Entretanto no sostuvo medidas anticlericales de Lerdo, el mayor peligro para la iglesia fueron los movimientos de disidencia que surgieron entre el campesinado, enarbolado por hombres y mujeres santos, a los que la iglesia no tenia cómo combatir por no ser la religión oficial. Los grandes perdedores fueron los campesinos ahora perdidos y abandonados, quienes perdieron con la abolición de las estructuras democráticas existentes sus derechos políticos tradicionales junto a agudas pérdidas económicas.

El ritmo de expropiaciones durante el profiriato alcanzó su punto álgido debido tanto a la base legal de la Ley Lerdo, o las dictadas en la legislatura de Manuel González, como a las transformaciones del mercado mundial y la incursión en él de los productos agrícolas mexicanos. Llevando a los hacendados a esforzarse tanto para aumentar sus territorios y obtener mayor cantidad de mano de obra, aunque el aumento demográfico había provisto la suficiente cantidad, como a la especulación por las tierras aledañas al trazado de los ferrocarriles. En este nuevo contexto si se rebelaban los campesinos, el gobierno era lo suficientemente fuerte como para reprimirlos, los Rurales o el ejército llegaban con prontitud dado el ferrocarril.  También contribuyó para debilitar la resistencia campesina el desmantelamiento de la administración comunitaria del pueblo y la transformación de las relación patrono-cliente, en la que antes el Estado colonial funcionaba como mediador entre ellos y los terratenientes pasando ahora a ejecutor mediante la policía rural (esto se veía ya desde los levantamientos del 1868), así como el desplazamiento de los caciques. El Estado profirista absorbió a muchos de sus protectores y después los volvió en contra de sus protegidos, dado el deseo de atraer capitales extranjeros y estar en buenas relaciones con los hacendados, hasta los últimos años de su régimen no hizo nada significativo para contrarrestar la perdida de la tierra o autonomía de los pueblos.

El triunfo de los campesinos puede decir que consistió en frenar los intentos de menoscabar la base material de la vida de la comunidad campesina. No pudieron derrotar al Estado mexicano ni eliminaron a las elites terratenientes, sino que demoraron su propia derrota.

Bibliografía:

Halperin Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Alianza, Madrid, 1984. Capítulo 4: "Surgimiento del orden neocolonial”, pp. 215 a 243.

Katz, Friedrich, “México: la restauración de la República y el Porfiriato", en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina. Tomo IX, Crítica, Barcelona, 1992.

Tutino, John, “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco”, en Katz, F. (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, Ediciones Era, México, 1999.

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^[1] Tutino, John, “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México decimonónico: el caso de Chalco”, en Katz, F. (comp.), Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, Ediciones Era, México, 1999, pp. 94-134.